Justicia elimina el recurso en juicios verbales de menos de 6.000 euros

El ministro de Justicia llevará mañana al Consejo de Ministros el proyecto de ley de medidas de agilización procesal con el que el Gobierno pretende reducir los tiempos de espera que deben afrontar los usuarios de la Administración de Justicia, aunque los distintos colectivos judiciales ponen en cuestión ampliamente su eficacia.

Los puntos más polémicos de la reforma son la eliminación del recurso de apelación en los juicios verbales en los que el asunto en litigio no llega a los 6.000 euros o la subida de la cuantía para poder recurrir en casación al Tribunal Supremo en el orden civil y contencioso-administrativo, que pasará de 150.000 a 800.000 euros.

El secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, salió ayer al paso de las críticas suscitadas por el anteproyecto hecho público tras su aprobación el pasado 17 de diciembre y negó que la supresión o limitación de determinados recursos afecte a la tutela judicial efectiva.

Si prospera el actual texto del proyecto de ley, desaparecerá el recurso de apelación en los juicios verbales en el orden jurisdiccional civil, la competente para reclamación de cantidades, de pensiones de alimentos, separaciones o divorcios y desahucios, entre otros. Cuando la cuantía sea inferior a 6.000 euros la sentencia de primera instancia será firme y no recurrible.

Campo recordó que el 85 % de los asuntos de la jurisdicción civil que se recurren en apelación confirman la sentencia dictada en primera instancia por un juzgado. Por ello, entiende que el hecho de que se suprima el recurso en este tipo de juicios verbales no disminuye las garantías del ciudadano.

Otro recurso afectado por esta reforma es el de casación ante el Supremo en materia civil y contencioso-administrativa, ya que eleva a 800.000 euros el límite de 150.000 que existe en la actualidad para poder recurrir ante el alto tribunal.

Según el secretario de Estado, los límites que se fijan a estos recursos reducirán los tiempos de la Justicia descargando a los órganos superiores de trabajo sin mermar las garantías de los ciudadanos. «No supone una mayor garantía de éxito que existan 500 instancias judiciales ante las que recurrir», insistió Juan Carlos Campo, que se refirió a la necesidad de cambiar la «cultura del pleitismo», según informa Efe.

Justicia para ricos y pobres

El secretario de Estado también rechazó que estas reformas vayan a crear una Justicia para ricos y otra para pobres. «Se va a dotar al sistema -insistió- de una mayor confianza y de una mayor seguridad jurídica para el ciudadano».

El proyecto ya fue informado por la sala de gobierno del Supremo, los tribunales superiores de justicia, los jueces decanos y por el pleno del Consejo General del Poder Judicial.