Unos 10.000 gallegos esperan una citación para valorar el grado de su minusvalía

El reconocimiento oficial de minusvalías, un servicio que desempeñan equipos de la Xunta, vive una situación de colapso en Galicia como consecuencia de los retrasos que se vienen acumulando desde hace ya más de cinco años. Trabajadores del servicio han denunciado que en la actualidad hay unos 10.000 gallegos pendientes de citación y alertan de que entre la solicitud y la concesión pueden pasar hasta 20 meses en Ferrol, l9 en Pontevedra, 13 en Ourense, 12 en Vigo y 8 en A Coruña.

Con el fin desenmarañar este embrollo, la Xunta ultima un plan de choque -cuyos contenidos adelantará Benestar en unas semanas- y ha llegado incluso a proponer al personal responsable la realización de horas extras, iniciativa que han rechazado los trabajadores.

Los encargados de este proceso son los equipos de valoración y orientación (EVO), constituidos por el personal administrativo, además de un médico, un trabajador social y un psicólogo. En algunos casos se produce un desequilibrio entre el peso demográfico y la dotación de equipos. Mientras que Vigo y A Coruña tienen cuatro; por ejemplo, en Ferrol solo existe uno y hay una lista de espera de 2.500 personas. Ourense, Lugo y Pontevedra disponen de tres. Las poblaciones aquí detalladas se refieren a áreas comarcales, con la excepción de Lugo y Ourense, que cubrirían toda la provincia.

Benestar, que lleva meses analizando este problema, advierte de que en la lista de espera hay que distinguir entre aquellos que aguardan por un primer examen y otros que están pendientes de un reconocimiento para valorar cómo ha evolucionado una minusvalía reconocida. Entre los miles de personas en espera, según la Xunta, hay un porcentaje importante que precisan el diagnóstico oficial para optar a plazas de aparcamientos u a otras bonificaciones, como la que existe para el transporte. «No estamos hablando solo de grandes discapacitados que necesitan el informe para cobrar una prestación», sostiene Benestar.

Los propios trabajadores de la Xunta reconocen que para hacer las valoraciones tienen prioridad los enfermos terminales, los niños y aquellos ciudadanos que precisan el examen para una oferta de trabajo. En los procesos de selección de empleo público, por ejemplo, se tienen en cuenta minusvalías superiores o iguales al 33%.