Condenado el SERGAS por deficiente intervención y falta de consentimiento informado.

La condena alcanza los 18.000 euros por una intervención fallida para corregir una incontinencia urinaria, debiendo la paciente ser reintervenida de nuevo al cabo de tres años.

Lo relevante del caso es que para acreditar la información del posible riesgo de la intervención se falsificó la historía clínica y se elaboró un documento de consentimiento informado con firmas falsas.

El SERGAS nada hizo por investigar esas evidentes manipulaciones, a pesar de las evidencias, en un caso en el que incluso hubo otras infracciones en materia de incompatibilidades de los empleados públicos.