Retraso en diagnóstico de trombosis venosa profunda (TVP)

Sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que examina si la muerte de un paciente se debió a un fallo en el diagnóstico o a una complicación no evitable, y cómo esta incertidumbre afecta la reclamación por responsabilidad patrimonial sanitaria.

Los hechos giran en torno a un paciente que falleció tras una intervención médica, con sospechas sobre una trombosis venosa profunda no diagnosticada o, alternativamente, una rotura de quiste de Baker. El problema clave radica en la imposibilidad de determinar con certeza la causa de la muerte, ya que no se realizó autopsia y los informes médicos no resultaron concluyentes.

El Tribunal analiza el nexo causal necesario para atribuir responsabilidad y, aunque no se acredita de forma definitiva un error diagnóstico ni su relación directa con el fallecimiento, sí reconoce una responsabilidad parcial derivada de ciertas deficiencias en la asistencia sanitaria, que supone una pérdida de oportunidad indemnizable en parte.

La sentencia subraya que la responsabilidad sanitaria se fundamenta en la aplicación adecuada de la "lex artis ad hoc", es decir, el respeto a los estándares técnicos y científicos razonables en cada momento. Cuando dichos estándares se cumplen, el daño es considerado un riesgo inherente a la enfermedad y no un daño antijurídico.

El pronunciamiento judicial evidencia que no basta con meras sospechas o informes contradictorios para atribuir responsabilidad plena a la Administración. Es imprescindible un análisis riguroso y la existencia de prueba clara del incumplimiento y del nexo causal con el daño sufrido.

Respecto a la indemnización, el Tribunal concede una indemnización parcial, ajustada al daño realmente acreditado y a la responsabilidad reconocida, reflejando así la dificultad que plantea reclamar daños en supuestos donde la prueba científica no es concluyente.

En definitiva, esta sentencia reafirma la necesidad de prueba contundente en casos de responsabilidad sanitaria y establece un equilibrio entre la protección del derecho de los pacientes y la salvaguarda de la sostenibilidad del sistema sanitario público ante la incertidumbre médica.