La sentencia analiza el contenido de la campaña de vacunación del año 2000 en el sentido de si la información que suministraba a los padres era suficiente, compresible y adecuada, de suerte que pudieran percibir que la vacunación previa era ineficaz para evitar el contagio de tan grave enfermedad. El argumento es tan lógico como sencillo: los padres de haber dispuesto de la información ocultada por la Administración se la hubieran administrado a su hija, porque así lo hicieron con la vacuna anterior, pues nadie se revacuna de una enfermedad como la meningitis C sino dispone de la información por quien tiene la obligación de darla, la propia Administración como garante de la salud pública, y esa omisión genera la perdida de oportunidad de proteger a los menores que de esa forma si vieron excluidos de la nueva campaña de vacunación. Y el hecho de que no fuera gratuita la revacuna, pues la Administración no siempre está obligada a costearla, ello no elude su responsabilidad, sino todo lo contrario, al generar la creencia de que con la primera vacunación ya se estaba inmunizando frente a la enfermedad, precisamente por esa falta de la adecuada información.
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