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7 de mayo de 2025

Los médicos del PAC no pueden trabajar fuera de su ámbito

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que confirma la estimación del recurso interpuesto por varios médicos de un Punto de Atención Continuada (PAC), a los que se les obligaba a prestar servicios en una Zona Especial de Urgencias (ZEU).

2 de mayo de 2025

La discrecionalidad en la provisión de jefaturas

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anula la resolución de adjudicación de una plaza de jefatura del Hospital Universitario de La Paz, adjudicándosela a nuestra clienta.

24 de abril de 2025

Reconstrucción intestinal fallida e ileostomía permanente.

Un Juzgado de lo contencioso-administrativo condena al SERGAS por la demora en acometer la reconstrucción de una ileostomía temporal y por la mala planificación quirúrgica, con una indemnización de 137.230 euros más intereses.

16 de abril de 2025

Electrocardiograma extraviado y responsabilidad

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que condena al SERGAS a abonar 60.000 euros más intereses a la familia de un paciente fallecido tras realizarse un electrocardiograma que luego misteriosamente despareció.

11 de abril de 2025

Retraso diagnóstico de liposarcoma

Un Juzgado de lo contencioso-administrativo condena al SERGAS a indemnizar por el retraso de 15 meses en realizar la prueba necesaria para diagnosticar un liposarcoma.

9 de abril de 2025

Retraso diagnóstico de cáncer de mama

Un Juzgado Contencioso-Administrativo condena al SERGAS por el retraso de 8 meses en el diagnóstico de un carcinoma invasivo, duplicando la indemnización inicialmente reconocida.

7 de abril de 2025

Retraso diagnóstico de cáncer de ovario

Un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo condena al SERGAS y a su aseguradora a indemnizar a nuestra cliente por la existencia de una demora injustificada en el diagnóstico y tratamiento de un carcinoma de ovario.

28 de febrero de 2025

Derecho al acompañamiento del enfermo

Sentencia pionera que condena al SERGAS a pagar 16.000 euros por privar a los familiares de una paciente con COVID y enfermedad terminal del derecho a acompañarla en su última semana de vida mientras estaba en el hospital donde falleció.

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