SENTENCIAS
Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), núm. 4422/2013, de 18 de julio de 2013
La entidad bancaria Caja Rural de Baleares, Sociedad Cooperativa de Crédito, interpuso demanda frente a la entidad de tasaciones Grupo Tasvalor, S.A., su compañía aseguradora ASEMAS y el profesional técnico encargado de la realización de las valoraciones que en este procedimiento se discuten
14 de octubre de 2013Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 6ª, núm. 4431/2013, de 25 de julio de 2013. Expropiación Forzosa
Se plantea ante el Tribunal Supremo un recurso de casación para la unificación de la doctrina a raíz de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que afirma la aplicabilidad del premio de afección sobre aquellas partidas de bienes expropiados en que expropiante y expropiado hayan alcanzado un justiprecio de mutuo acuerdo.
4 de octubre de 2013Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central, Sección Vocalía 1ª, Resolución de 28 May. 2013, rec. 4909/2009
En esta Resolución, el TEAC, analiza si es suficiente tener un local y empleado para considerar la actividad de arrendamiento como actividad económica
2 de octubre de 2013Cuando la cesárea es la mejor opción
La sentencia del Tribunal Supremo de 18 de junio de 2013 delimita claramente cuando no procede el parto sino la cesárea.
30 de septiembre de 2013Comentario de la Sentencia del Tribunal Supremo, núm. 2349/2013, de 9 de mayo de 2013 (Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Viejo de Vigo)
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo resuelve el Recurso de Casación presentado por un importante grupo empresarial estatal, que buscaba la declaración de nulidad del Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Viejo de Vigo (PEPRI), sobre la base de que la aprobación del mismo implicaba la desaparición del equilibrio financiero exigible en el ámbito concesional
20 de septiembre de 2013La desidia probatoria tenía un precio
Condenada la Comunidad de Madrid a indemnizar a un pasajero que perdió una pierna al ser arrollado por el Metro
16 de septiembre de 2013Comentario de la Sentencia del Tribunal Constitucional, núm. 145/2013 de 11 de Julio de 2013, rec. 3705/2011
Cuestión de inconstitucionalidad planteada respecto de los apartados 2 y 10 del art. 16 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades Recordemos que las llamadas “operaciones vinculadas”, por definirlas resumidamente, son aquellas operaciones que realizan sociedades o sujetos relacionados entre sí, no independientes o sometidos de algún modo a un mismo poder de decisión. El Tribunal Constitucional viene a concluir que “La aplicación de la doctrina constitucional reseñada conduce a la conclusión de que los elementos de las conductas antijurídicas previstas en el apartado 10 del art. 16 LIS (LA LEY 388/2004) , en relación con su apartado 2, son suficientes desde la perspectiva de la garantía formal resultante del art. 25.1 CE” En conclusión, el Tribunal Constitucional declara constitucional los preceptos que regulan la obligación de documentación de las operaciones vinculadas, así como su régimen sancionador, el cual recordemos que establecía unas sanciones de muy elevada cuantía. No obstante, el propio TC, también plantea determinadas dudas sobre la legalidad del reglamento, dejando en manos del Tribunal Supremo su control y análisis, y remitiendo a los tribunales ordinarios el control de la proporcionalidad de las sanciones establecidas al amparo de dicho régimen. Por lo expuesto, tras el comentado pronunciamiento, resulta más que aconsejable que los contribuyentes extremen el cuidado en el cumplimiento de las obligaciones de documentación de las operaciones vinculadas al objeto de evitar las sanciones establecidas en el mismo.
16 de septiembre de 2013Un nuevo paso para evitar el incumplimiento del derecho de la unión europea
El 7 de julio de 2013 entró en vigor el Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea.
